En Argentina el regreso de la institucionalidad democrática en 1983 provocó el ensanchamiento del acceso a la universidad. No obstante, la inclusión de nuevos grupos sociales y sus problemáticas en la educación superior no fue democratizadora, sino que aún persisten barreras que, paradójicamente, hacen que la inclusión sea excluyente tal como lo exponen diversos autores y autoras. El ingreso a las carreras de Derecho y al ejercicio de la profesión jurídica no presenta barreras formales para las mujeres y diversidades; sin embargo, desde un punto de vista sustantivo, la enseñanza del derecho sigue considerando un sujeto jurídico universal neutral al género. Ello puede observarse en distintos aspectos: la inexistencia de incentivos para la formación docente en perspectiva de género y diversidades; la omisión de problemáticas sobre género, mujeres y diversidades entre los temas prioritarios de investigación jurídica, falta de transversalización de la perspectiva de género y diversidades en los planes de estudio y en los programas de las asignaturas; composición de las cátedras y los órganos de gobierno universitario, el ineficiente abordaje de las violencias y acoso en las universidades, entre otros. En ese sentido, la enseñanza del derecho constituye una injusticia epistémica (Fricker, 2017), invisibiliza los problemas y necesidades de mujeres y personas de la diversidad y por la falta de articulación entre docencia e investigación se mantienen modelos tradicionales de enseñanza legal. A partir de los avances de un proyecto de investigación que utiliza aportes y metodologías de análisis feministas del derecho y su enseñanza, nos proponemos revisar una parte de estos problemas: la modalidad que adquiere la articulación docencia e investigación en la carrera de Abogacía en una universidad de Argentina y cómo se estimulan y ejercen esas funciones a nivel institucional.