La desconexión digital ha sido regulada en la reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, como un derecho reconocido legalmente de los trabajadores en aras de garantizar el respeto del tiempo de descanso. Sin embargo, su contenido no ha sido definido por el legislador y traslada esta responsabilidad a los agentes sociales y los empleadores, quienes, a través de la negociación colectiva y la elaboración de políticas empresariales internas, están llamados a desempeñar un papel fundamental en la configuración y exigencia de este nuevo derecho. Ante tal escenario, este artículo aborda si la calificación como derecho ofrece una solución ajustada al propósito que se persigue con la desconexión digital, añadiendo además un análisis crítico del papel que desempeñan la negociación colectiva, la representación de los trabajadores y los empresarios, así como sus implicaciones jurídicas, en la regulación de la desconexión digital.