Los resultados de los estudios evacuados en materia de política crimi­nal han evidenciado la necesidad de realizar verdaderas reformas legislativas a nivel interno y en materia de cooperación internacional con el fin de contrarrestar el impacto negativo que en materia delincuencial vienen mostrando los riesgos derivados de la creación de empresas que se sirven de su poder económico para vulnerar bienes colectivos y de interés para los Estados. El derecho administrati­vo sancionador se ha mostrado ineficiente frente a los retos propuestos por estas personas jurídicas, quienes han utilizado a las distintas formas de asociación para ofrecer una “fachada” de legalidad y perpetrar conductas desviadas en el seno de la sociedad. Por esta razón se muestra como razonable efectuar ingentes esfuerzos por utilizar la ductilidad del derecho y armonizarlo con la realidad social, imple­mentando para el efecto un sistema propio de imputación penal para las personas jurídicas o empresariales.