Este artículo reflexiona sobre el debate jurídico-político que tuvo lugar en Argentina en torno a la implementación de la prisión preventiva en casos de crímenes de lesa humanidad. Para abordarlo analiza una serie de fuentes escritas que constituyeron pronunciamientos públicos presidenciales, legislativos, jurídicos y de los Organismos de Derechos Humanos ⎯es decir, de los principales actores políticos que intervinieron en la discusión que nos interesa⎯ entre 2003 y 2015. Asimismo, se sirve de las estadísticas confeccionadas por el Sistema Penitenciario Federal y la Procuración de Crímenes Contra la Humanidad. Se concluye que el mencionado debate estuvo atravesado por dos tensiones principales. La primera se vinculó con las dificultades para sostener el principio de igualdad ante la ley. La segunda con las demoras y dilaciones que atravesó el proceso de juzgamiento de los criminales de Estado desde la reapertura de los juicios. Estos dos elementos condensaron las discusiones sobre la implementación del encierro preventivo en casos de violaciones a los Derechos Humanos.