La utilización de la vía judicial para asegurar y garantizar el acceso a insumos médicos constituye una de las estrategias más efectivas para asegurar el cumplimiento (o remediar la violación) del derecho a la salud, a menudo en relación con otros derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida o a la integridad física. De manera más frecuente y en múltiples contextos nacionales, jueces y cortes respaldan las demandas inter-puestas por particulares que necesitan acceso inmediato a tecnologías sanitarias. En muchas ocasiones, las sentencias que obligan al Estado y a sus instituciones a garantizar el suministro de un producto determinado no toman en consideración las razones aducidas por el Estado para no suministrarlo que pueden variar desde cálculos de costeefectividad a procesos de evaluación, planificación y ejecución de políticas públicas. La utilización y abuso de procedimientos judiciales por terceras partes interesadas amenaza la legitimidad de un instrumento que ha contribuido, sin lugar a dudas, a fortalecer la participación de la ciudadanía en la defensa de sus derechos, incluido el derecho a la salud. El presente documento pretende contextualizar la evolución del fenómeno en relación con aquellos instrumentos, mecanismos y procedimientos que suelen utilizar las autoridades sanitarias para racionalizar el acceso a tecnologías sanitarias. Además, se sugieren pasos a seguir tanto en el ámbito nacional como regional.