La principal es el salario mínimo (SM). En el primer semestre de este año había en el país 7'880.000 trabajadores con menos del mínimo diario; devengan al mes 0,37 SM y representan el 43,6 por ciento del empleo. Se trata principalmente de cuenta propia, servicio doméstico, patronos, ayudantes familiares y otros trabajadores, poco educados y no amparados legalmente por el mínimo. Este no se traslada inmediatamente a los asalariados poco calificados. A pesar del alza en el mínimo y de la menor inflación, el salario real no calificado está cayendo; el mercado laboral sigue funcionando. Lo primero es retomar una senda de crecimiento elevada, sostenida y no inflacionaria. Pero la recuperación plena podría tomar varios años; mientras tanto, la informalidad y el desempleo van a perdurar. Para reducir el desempleo y la informalidad, el crecimiento es condición necesaria, pero no es suficiente. Hay que pensar en estrategias complementarias, calificar la fuerza laboral y facilitarle a la masa de bachilleres pobres que están saliendo de los colegios el acceso a la educación terciaria. No lo vamos a lograr a punta de matrículas subsidiadas y de más transferencias presupuestales de bloque a las universidades públicas; se requiere ampliar el crédito estudiantil y un énfasis en carreras técnicas. Los subsidios de familias en Acción (que perciben también las de la Red Juntos) deben ser temporales y libres de la politiquería. Hay que diseñar para esas familias una Política de Generación de Empleo moderno, similar a Empleo en Acción de comienzos de esta década. En el caso rural es preciso vincular las familias más pobres -que hoy siguen viviendo en la edad media- al mercado (interno y externo) y movilizar el excedente de mano de obra rural a la construcción de infraestructura mediante un programa masivo.