En fecha relativamente reciente se aprobó la Directiva (UE) 2020/828 del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 25 de noviembre sobre acciones de representación para la protección de losintereses colectivos de los consumidores. Su principal objetivo ha sido garantizar que los consumidoresdispongan de al menos un mecanismo procesal capaz de proteger eficazmente sus intereses colectivos.Sin embargo, la Directiva se sustenta en un modelo adversarial de demostrada ineficacia que no tuvo en cuenta los nuevos modelos de resolución de controversias adoptados por algunos Estados miembros, cuya eficacia es incontestable en tiempo y resultados. Mediante estos nuevos modelos (nuevas tecnologías)se puede conseguir de forma rápida y sencilla la reparación de los daños masivos ocasionados a los consumidores a través de acuerdos voluntarios, sin que sea necesario acudir a un procedimiento. Tomandocomo punto de partida la amplia experiencia comparada y la doctrina científica, nuestra propuesta va dirigida a evaluar la posible introducción de las nuevas tecnologías -reparación regulatoria y el Defensordel Pueblo- en el ordenamiento español en aquellos sectores del consumo donde ello sea factible.