Justicia y seguridad jurídica son dos caras de una misma moneda; dos anhelos que se complementan. Pese a ello, en supuestos ciertamente excepcionales es preciso optar por dar prevalencia a uno de ellos. Es decir: dar prioridad a la seguridad jurídica y en consecuencia no permitir que pueda modificarse lo decidido con fuerza de cosa juzgada, pese a tener constancia de que en dicha resolución no se ha respetado lo dispuesto en normas imperativas; o bien dar prioridad al principio de justicia y admitir que, en dichas hipótesis, la cosa juzgada no debe prevalecer. En esta difícil disyuntiva, en la que pueden esgrimirse destacados argumentos en favor de ambas posiciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha optado en diferentes resoluciones por dar prevalencia al derecho comunitario europeo y, por tanto, hacer prevalecer los derechos reconocidos a los particulares en dicha normativa, lo que obliga a reflexionar sobre los efectos inherentes a las sentencias judiciales y el verdadero sentido de la llamada cosa juzgada material.