El principio de convencionalidad adoptado por México el 10 de junio de 2011 fue el elemento clave para lograr aceptar los derechos humanos y la protección de los instrumentos internacionales a favor de los ciudadanos y de los trabajadores en particular por parte del Estado mexicano. La reforma primordial fue la del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en este se concreta la ampliación del conjunto de derechos, por lo que comprende cuatro características obligatorias generales en materia de derechos humanos: respetar, proteger, garantizar y promover. Además, el artículo 1º constitucional, en su último párrafo, establece el derecho a la no discriminación. El propósito fundamental de las reformas aprobadas fue colocar a la persona en el centro de todo ejercicio del poder público. Para lograrlo, se implementó todo el actuar del poder público en México a un nuevo parámetro de regularidad constitucional formado por derechos humanos de fuente nacional e internacional.